Debida diligencia reforzada: Así cambia el estándar mínimo esperado en México
La reforma a la LFPIORPI de 2025 redefinió lo que significa “conocer a tu cliente” en México. Hoy, los procesos de identificación ya no pueden limitarse a recabar documentos: deben demostrar profundidad, trazabilidad y un análisis real del riesgo.
Uno de los cambios más relevantes es la identificación obligatoria del beneficiario controlador a partir del 25% de participación, lo que exige revisar estructuras más complejas y documentar el origen del control. Esta información ahora debe integrarse en sistemas electrónicos y mantenerse actualizada con evidencia verificable.
La autoridad también elevó el estándar de supervisión al exigir mecanismos automatizados, evaluaciones de riesgo periódicas y procesos reforzados para perfiles sensibles como PEPs, actividades vulnerables y operaciones inusuales.
La debida diligencia reforzada dejó de ser una buena práctica: es el nuevo piso mínimo para evitar sanciones y demostrar cumplimiento en 2026.
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